En este escrito quiero reflexionar, desde una perspectiva psicológica, sobre la expulsión (suspensión) de alumnos del centro escolar -público o privado- donde cursan sus correspondientes estudios. Entendiendo por expulsión, la acción impuesta, obligada y forzosa por parte de la dirección escolar de sacar fuera del centro a unos determinados alumnos por un período acotado en el tiempo, ya sean días o semanas, como forma de reacción o respuesta a unas actitudes y comportamientos punibles. Suele producirse de forma predominante en el caso de alumnos adolescentes que realizan la enseñanza secundaria obligatoria (ESO).
Es importante subrayar que la enseñanza secundaria obligatoria coincide con un período evolutivo en el que los jóvenes empiezan a tener conciencia de su capacidad para disponer de una incipiente autonomía respecto a los padres y entorno, a la vez que se hallan inmersos en un sistema educativo obligatorio. Creo interesante centrarme en cómo conjugan y soportan estas dos variables – autonomía y obligatoriedad- alumnos y profesores. Por parte del profesorado y dirección pedagógica existiría la expectativa de que los alumnos han de tener la capacidad para aceptar y adaptarse a las normas del centro educativo permitiendo así la normal y adecuada convivencia en el mismo. Desde la perspectiva del alumnado, no todos están en disposición de responder acatando tales expectativas, lo que comporta la realización de conductas de oposición, indiferencia, rebeldía que interfieren en el transcurso de la vida escolar.
Como consecuencia de la aparición del conflicto entre profesor (representante de la norma, la autoridad, el deber) y alumno (representante del uso de la propia autonomía, del derecho a aceptar o no, derecho a la transgresión) aparece un malestar del que hay que ocuparse para transformarlo e intentar disiparlo. A mi entender, cuanta más implicación personal y emocional del profesorado en la relación con sus alumnos, mayor capacidad para tolerar la frustración de las expectativas y reflexionar sobre el comportamiento de aquellos jóvenes que alteran la buena armonía de la convivencia en las aulas, con el objetivo de tratar de reconducir la situación. Y al revés, cuanta menos implicación personal del profesorado en la relación con el alumnado mayor es la tendencia a aferrarse a la normativa del centro pedagógico, tratando el conflicto con automatismos normativos estrictos que incluyen la aplicación de iniciar el proceso de expulsión.
Esto nos lleva a reflexionar sobre cuál es el sentido de la expulsión. Si se pretende que la expulsión sea una experiencia correctora y pedagógica de la que el alumno pueda aprender algo sobre sí mismo y sobre los demás, habrá que acompañar a este tipo de jóvenes difíciles en el proceso de expulsión para que sean recogidos “en el afuera” de la clase y pueda proseguirse la elaboración del “choque” dando tiempo y con el planteamiento de alguna actividad alternativa y reparatoria pensada creativa y conjuntamente. Cuando lo que se pretende es “eliminar” los conflictos y sentimientos difíciles de contener originados por alumnos complicados en el trato, entonces la expulsión adquiere la connotación de sanción, de castigo que persigue la finalidad de deshacerse de los mismos, sin plantearse ni cargar con ninguna consecuencia por parte del profesorado, ejecutor de la expulsión.
La expulsión de jóvenes con dificultades para adaptarse al funcionamiento de la institución pedagógica, realizada en base a la aplicación rígida de la normativa conlleva unas consecuencias emocionales catastróficas para estos muchachos que lejos de resolver los problemas los exacerba, intensificando también los sentimientos de rabia e indefensión en ellos. Esto se traduce en que cada vez se está más lejos de ayudarles a entender lo que es constructivo para su formación mantenerse en el aula el tiempo establecido.
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